Las grúas y patios en Bogotá: ¿Negocio o Interés público?
La inmovilización de vehículos en Bogotá ha suscitado una serie de denuncias y cuestionamientos en torno a su administración y propósito. Según una investigación realizada por la Revista Semana, el contratista GYP SAS, responsable de la operación de grúas y parqueaderos en la ciudad desde 2018, se encuentra en el centro de la polémica. Los ediles y ciudadanos afectados denuncian prácticas que consideran abusivas y contrarias al interés público. Las grúas y patios en Bogotá: ¿Negocio o Interés público?
A continuación, se examinan las principales acusaciones y defensas en torno a este contrato, explorando cómo se ha gestionado el servicio de inmovilización de vehículos y si, como se afirma, este se ha convertido en un lucrativo negocio a costa de los bogotanos.
Contexto del Contrato con GYP SAS
En 2018, la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá firmó un contrato de concesión de diez años con GYP SAS para la operación de grúas y patios. Este acuerdo no implicó compromisos presupuestales directos para la Secretaría, ya que los ingresos del contratista provienen de los pagos efectuados por los conductores cuyas vehículos son inmovilizados. Este modelo de contrato implica que el contratista asume el costo total de la operación, lo cual incluye no solo la ejecución de las obligaciones contractuales, sino también el cumplimiento de las disposiciones legales, regulatorias y tributarias relacionadas.
Distribución de Ingresos
Según el contrato, GYP SAS recibe el 82,3 % de los ingresos generados, mientras que el Distrito obtiene solo el 17,7 %. Este modelo ha sido criticado por el concejal Emel Rojas, quien argumenta que la porción destinada al Distrito no es suficiente para cubrir los costos de supervisión y control del contrato. La Secretaría de Movilidad ha defendido esta distribución, señalando que el análisis financiero se basó en una evaluación detallada de costos, inversiones y rentabilidad. Desde 2018 hasta este año, GYP SAS ha obtenido ingresos por 134.415 millones de pesos, mientras que el Distrito solo ha recibido 28.908 millones de pesos.
Cuestionamientos al Contratista
Localidades con Mayor Inmovilización
Un aspecto que genera suspicacia es la distribución geográfica de las inmovilizaciones. La mayoría se concentra en localidades cercanas a los patios de Álamos, como Fontibón, Kennedy, Chapinero y Engativá. En contraste, localidades más alejadas como Ciudad Bolívar y Usme presentan cifras significativamente más bajas. Según datos de la Secretaría de Movilidad, entre enero de 2020 y febrero de 2024, en Fontibón se llevaron 45.169 vehículos, en Kennedy 34.523, en Chapinero 32.428 y en Engativá 31.231. Mientras tanto, en Ciudad Bolívar y Usme, las cifras fueron de 9.412 y 6.380 respectivamente.
El concejal Rojas sugiere que esta concentración responde a una lógica de conveniencia económica para el contratista, facilitando el traslado de los vehículos y reduciendo costos operativos. Según Rojas, “No se hace una ruta de prevención ni cultura ciudadana, sino que sencillamente es un negocio porque, claro, si se llevan el vehículo de Fontibón están tan solo a máximo diez minutos del patio”.
La Secretaría de Movilidad ha justificado estas cifras indicando que las inmovilizaciones se realizan en áreas con alta siniestralidad y concurrencia de ciudadanos, y en respuesta a las solicitudes de la ciudadanía. Según la entidad, “gran parte de los operativos que generan inmovilizaciones se generan a partir de la petición de la ciudadanía, contando con que estas localidades representan un gran porcentaje sobre el total de peticiones radicadas”.
Inmovilización de Motocicletas
Otra crítica apunta al manejo de las motocicletas. Rojas señala que el contratista prioriza la inmovilización de motos debido a la posibilidad de transportar varias en una sola grúa, optimizando así el espacio y los ingresos. De los 331.188 vehículos inmovilizados entre enero de 2020 y febrero de 2024, casi el 60 % fueron motocicletas. El concejal Julián Forero ha denunciado presuntas comisiones pagadas por agentes de tránsito a los operarios de grúas por cada moto que inmovilizan, además del trato inadecuado que reciben las motocicletas durante su traslado. Según Forero, “Hemos recibido denuncias donde al parecer y, presuntamente, hay agentes de tránsito que pagan una comisión a los operarios de las grúas por cada moto que suban. Además, cargan las motos como si fueran bolsas de basura”.
Las grúas y patios en Bogotá: ¿Negocio o Interés público?
La Secretaría de Movilidad ha respondido que las grúas pueden transportar varios vehículos siempre que no se exceda el tonelaje permitido, y que solo se remolca un vehículo a la vez. La entidad precisa que “respecto a la cantidad de vehículos que se pueden remolcar por medio de una grúa, en efecto solo se puede remolcar un vehículo, bajo ninguna circunstancia se podrán remolcar más de uno; sin embargo, es necesario tener claro que el término ‘trasladar’ se refiere a izar, asegurar, y transportar vehículos inmovilizados en el planchón de la grúa”.
Proceso de Retiro de Vehículos
Rojas también ha cuestionado el tiempo que toma recuperar un vehículo inmovilizado, señalando que el diseño del proceso busca extender el período de almacenamiento para aumentar las tarifas cobradas. Según Rojas, la tarifa de patios incrementa durante los primeros tres días de inmovilización, descendiendo a partir del cuarto día. Según las cifras compartidas por la Secretaría de Movilidad, el tiempo promedio de inmovilización varía, pero la estructura tarifaria está diseñada de tal manera que incentiva la permanencia de los vehículos en los patios por más tiempo.
Respuestas y Medidas Futuras
En mayo de 2021, la Secretaría de Movilidad impuso una multa de 136.373 millones de pesos a GYP SAS por irregularidades en la inmovilización de vehículos. A pesar de esta sanción, la empresa continúa operando bajo el mismo contrato. La entidad ha defendido su gestión, asegurando que la operación cumple con las normativas legales y regulatorias vigentes.
Propuestas del Concejo
Ante la situación actual, varios concejales, incluidos Rojas y Forero, han exigido una revisión exhaustiva del contrato con GYP SAS. Proponen la cancelación del contrato y la implementación de tecnología avanzada para desarrollar un sistema denominado “Patio en Casa”, que permitiría gestionar las infracciones sin necesidad de inmovilizar los vehículos. También abogan por una normativa distrital que regule el funcionamiento de las grúas y apoyan un proyecto de ley que limitaría la inmovilización de motocicletas. Según Rojas, “Tenemos que cancelar este contrato con la firma GYP SAS, avanzar con tecnología para llegar a un sistema de Patio en Casa, emitir una norma Distrital que regule el funcionamiento de las grúas y esperar que sea aprobado el proyecto de Ley que impediría que por cualquier motivo se lleven una motocicleta a los patios”.
La propuesta del “Patio en Casa” busca utilizar tecnología para monitorear y sancionar infracciones de tránsito sin necesidad de remolcar los vehículos a los patios, lo que reduciría significativamente los costos y molestias para los conductores. Además, se busca mejorar la transparencia y eficiencia en la gestión de las infracciones de tránsito, eliminando posibles incentivos económicos para el contratista.
El extracto LitiApp
La controversia en torno a la inmovilización de vehículos en Bogotá refleja preocupaciones profundas sobre la transparencia y la equidad en la gestión de servicios públicos. Mientras que la Secretaría de Movilidad defiende el contrato y su implementación, los concejales y ciudadanos afectados demandan cambios significativos para garantizar que la gestión de las grúas y patios no se convierta en un negocio lucrativo a costa de los ciudadanos. Las propuestas legislativas y tecnológicas podrían ofrecer una solución, aunque su implementación y efectividad están por verse.
La revisión del contrato con GYP SAS y la implementación de nuevas tecnologías y normativas podrían representar un paso importante hacia una gestión más justa y eficiente de las infracciones de tránsito en Bogotá. Es fundamental que se asegure la transparencia en estos procesos y que se priorice el interés público por encima de los beneficios económicos privados. La vigilancia ciudadana y la acción decidida de las autoridades serán cruciales para lograr estos objetivos y restaurar la confianza en la gestión de la movilidad en la ciudad.
